¿Por qué los partidos más beneficiados por el sistema electoral, PSOE y PP, iban a aceptar cambios en unas reglas del juego tan favorables para ellos? La reforma se planteó en el Congreso en la pasada legislatura, pero los dos grupos más importantes demostraron que no tenían intención de mejorar la proporción entre votos y escaños, como pidieron insistentemente los más perjudicados, Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD).
El carpetazo se produjo pese a las sugerencias del Consejo de Estado, que apuntaba algunos cambios. “Está en juego el principio de igualdad, tanto desde la perspectiva de los electores (igualdad de sufragio del artículo 68.1 de la Constitución) como de los partidos políticos o candidatos que estos presentan (igualdad de oportunidades del artículo 23.2 de la Constitución)”, advertía el órgano presidido por el constitucionalista Francisco Rubio Llorente.
De modo que el 20-N, día de la undécima elección general tras el fin de la dictadura, se votará esencialmente con las mismas reglas que en la primera. Es decir, con un sistema ventajoso para los más votados, que ha fabricado hasta ahora cuatro mayorías absolutas de un solo partido, sin que ninguno hubiera alcanzado el 50% de los votos. Pero el responsable principal no es “un tal señor D´ Hondt”, señala Dieter Nohlen, autor de un estudio muy reconocido sobre sistemas electorales comparados.
Las culpas de la desproporcionalidad comienzan por el bajo número de diputados del Congreso, 350 (frente a 650 la Cámara de los Comunes, 577 la Asamblea Nacional francesa, 630 la cámara baja italiana, 349 la sueca...). Siguen por la exigencia de atribuir los escaños provincia a provincia, más la asignación de un mínimo de dos diputados por cada una de ellas, incluso en las más despobladas (excepto uno en Ceuta y otro en Melilla). Esto deja menos representantes para las densamente pobladas. Al final —solo al final—, la fórmula D´ Hondt ayuda otro poco en escaños a los partidos más votados.
¿Resultados? Madrid tiene un diputado por cada 173.762 habitantes, mientras Soria cuenta con uno por cada 46.796, según los cálculos realizados por el Consejo de Estado en 2009. Sobran comentarios.
A todo esto, la férrea conservación de candidaturas cerradas y bloqueadas resta poder al elector, que solo puede respaldar o no en bloque lo que haya decidido la dirección del partido de su preferencia. A nadie escapa que el sistema electoral español es hijo de la Transición; que sus autores pretendieron un bipartidismo de las dos corrientes centrales (derecha e izquierda moderadas), favoreciendo tanto la formación de gobiernos estables, como la integración de los nacionalistas en el sistema político de España; y que consiguieron sus objetivos. El bipartidismo nunca ha sido inferior al 80% del Congreso, y en la última legislatura alcanzó la marca del 92% de escaños en poder de las dos fuerzas más votadas. Nada extraño si en España rigiera un sistema electoral mayoritario, pero poco común en la parte de Europa que se atiene a la representación proporcional. Por ejemplo, en Alemania: los electores tienen dos votos para el Bundestag, con los que eligen a un candidato de su distrito y a una lista de partido; a la hora de distribuir los escaños se tiene en cuenta el resultado nacional obtenido por estos y no solo, como en España, el de cada provincia. Eso sí, no favorece la mayoría absoluta de un solo partido, incitando a la cultura de la coalición.
La novedad del 20 de noviembre es que se produce tras la aparición del Movimiento 15-M, que estalló al grito de “¡no nos representan!”. Eso sucedió cuando el Congreso acababa de introducir en la ley una nueva barrera de acceso, exigiendo un mínimo de avales a las candidaturas extraparlamentarias que pretenden concurrir a la elección. La aplicación de esa barrera ha liquidado múltiples listas para el 20-N, desde falangistas a ecologistas o de extrema izquierda, ahora enfangadas en recurrir a las juntas electorales y al Constitucional.
“Nosotros estamos siguiendo de cerca todo esto, pero sin simpatizar con nadie concreto”, precisa Lorenzo Higueras, del grupo de trabajo política a corto plazo surgido en la Acampada Sol. “Nuestro único objetivo es parar lo de los avales, que viene a ser como un golpe de Estado del bipartidismo”, señala. Hasta ese momento, el grupo de trabajo se centraba en protestar porque ciertas libertades políticas “están prohibidas” para la iniciativa popular. Entre ellas, la puesta en marcha de una reforma constitucional o de un referéndum, la revocación de cargo electo, la presentación de recurso de inconstitucionalidad, el “control popular de las acciones de guerra iniciadas por el Estado”, la participación directa en asambleas municipales, el “voto descalificatorio”... Una reforma electoral, por ejemplo, no se puede promover por iniciativa legislativa popular. (Detalles: www.checkthis.com/4up). El programa de IU es el que más guiños hace a estas ideas de los indignados.
El PP apunta en otra dirección. Durante la precampaña, Mariano Rajoy deslizó la idea de rebajar el número de diputados del Congreso. El portavoz de su partido, Esteban González-Pons, precisó el tajo que debería darse a la cámara: cincuenta diputados menos, dejándola en 300. Argumentó que sobran políticos, ahí y en otras instituciones. Si ese recorte se llevara a cabo manteniendo el mínimo de dos diputados por provincia, el efecto sería un sesgo todavía menos proporcional. Pero tales propuestas, deslizadas durante la precampaña, tampoco aparecen en el programa del PP.
La idea de constreñir el Congreso diverge del informe mencionado del Consejo de Estado, que sugería aumentarlo (el límite constitucional es de 400). Incluso con 350 hay fórmulas que aportarían mayor equidad. Un equipo de la Universidad de Granada, dirigido por el matemático Victoriano Ramírez, ha recalculado, para una cámara de 350, un procedimiento estudiado hace años para un Congreso de hasta 420, “que ahora no sería fácil por la crisis económica”, admite su autor. “Con este método, aplicado a las votaciones de 2008, los pequeños partidos estatales (IU, UPyD) habrían obtenido resultados más proporcionales, sin poner en peligro la gobernabilidad del más votado y sin ceder a los que pretenden echar a los nacionalistas”, explica Ramírez. Que también valora el hecho de que no habría tantos electores empujados al “voto útil”.
En la propuesta de la Universidad granadina, la atribución de los escaños se hace en tres operaciones (véanse gráficos): es menos sencillo que el procedimiento actual, pero más proporcional. “Se parece al sistema alemán”, dice Ramírez.
Precisamente al “modelo alemán” alude someramente el programa del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien también propone votar en “listas electorales desbloqueadas” y con “presencia verdaderamente equilibrada entre hombres y mujeres en las listas electorales”.
Obviamente, los pequeños grupos políticos de ámbito estatal no dan por perdida la batalla de la proporcionalidad, de la que depende su propia existencia, teniendo en cuenta que el respaldo ciudadano a las minorías de ámbito estatal ha ido descendiendo: se repartieron 41 escaños en 1977, por solo tres en 2008. Y aunque por votos totales IU debería haber sido la “tercera fuerza” en la legislatura pasada, parlamentariamente quedó relegada en beneficio de grupos nacionalistas.
Sucede que el sistema electoral “prima a los partidos con fuerte implantación localista sobre aquellos con una implantación más moderada, pero también más homogénea por todo el territorio nacional”, explican José Juan Toharia y José Pablo Ferrándiz, expertos de Metroscopia. La concentración de los nacionalistas en pocos distritos (provincias, a efectos de la elección del Congreso) les permite aprovechar bien sus votos para obtener diputados. Así lo han hecho CiU o el PNV, y probablemente será el caso de la izquierda abertzale el próximo día 20, si mantiene el nivel de voto esperado.
Las inquietudes del Movimiento 15-M, las alusiones del PSOE a una reforma electoral futura y los comentarios del PP confirman que el debate sobre las reglas de juego continúa tan abierto como inconcreto. Con lo cual los vientos no soplan a favor de la reforma electoral pendiente.
El carpetazo se produjo pese a las sugerencias del Consejo de Estado, que apuntaba algunos cambios. “Está en juego el principio de igualdad, tanto desde la perspectiva de los electores (igualdad de sufragio del artículo 68.1 de la Constitución) como de los partidos políticos o candidatos que estos presentan (igualdad de oportunidades del artículo 23.2 de la Constitución)”, advertía el órgano presidido por el constitucionalista Francisco Rubio Llorente.
De modo que el 20-N, día de la undécima elección general tras el fin de la dictadura, se votará esencialmente con las mismas reglas que en la primera. Es decir, con un sistema ventajoso para los más votados, que ha fabricado hasta ahora cuatro mayorías absolutas de un solo partido, sin que ninguno hubiera alcanzado el 50% de los votos. Pero el responsable principal no es “un tal señor D´ Hondt”, señala Dieter Nohlen, autor de un estudio muy reconocido sobre sistemas electorales comparados.
Las culpas de la desproporcionalidad comienzan por el bajo número de diputados del Congreso, 350 (frente a 650 la Cámara de los Comunes, 577 la Asamblea Nacional francesa, 630 la cámara baja italiana, 349 la sueca...). Siguen por la exigencia de atribuir los escaños provincia a provincia, más la asignación de un mínimo de dos diputados por cada una de ellas, incluso en las más despobladas (excepto uno en Ceuta y otro en Melilla). Esto deja menos representantes para las densamente pobladas. Al final —solo al final—, la fórmula D´ Hondt ayuda otro poco en escaños a los partidos más votados.
¿Resultados? Madrid tiene un diputado por cada 173.762 habitantes, mientras Soria cuenta con uno por cada 46.796, según los cálculos realizados por el Consejo de Estado en 2009. Sobran comentarios.
A todo esto, la férrea conservación de candidaturas cerradas y bloqueadas resta poder al elector, que solo puede respaldar o no en bloque lo que haya decidido la dirección del partido de su preferencia. A nadie escapa que el sistema electoral español es hijo de la Transición; que sus autores pretendieron un bipartidismo de las dos corrientes centrales (derecha e izquierda moderadas), favoreciendo tanto la formación de gobiernos estables, como la integración de los nacionalistas en el sistema político de España; y que consiguieron sus objetivos. El bipartidismo nunca ha sido inferior al 80% del Congreso, y en la última legislatura alcanzó la marca del 92% de escaños en poder de las dos fuerzas más votadas. Nada extraño si en España rigiera un sistema electoral mayoritario, pero poco común en la parte de Europa que se atiene a la representación proporcional. Por ejemplo, en Alemania: los electores tienen dos votos para el Bundestag, con los que eligen a un candidato de su distrito y a una lista de partido; a la hora de distribuir los escaños se tiene en cuenta el resultado nacional obtenido por estos y no solo, como en España, el de cada provincia. Eso sí, no favorece la mayoría absoluta de un solo partido, incitando a la cultura de la coalición.
La novedad del 20 de noviembre es que se produce tras la aparición del Movimiento 15-M, que estalló al grito de “¡no nos representan!”. Eso sucedió cuando el Congreso acababa de introducir en la ley una nueva barrera de acceso, exigiendo un mínimo de avales a las candidaturas extraparlamentarias que pretenden concurrir a la elección. La aplicación de esa barrera ha liquidado múltiples listas para el 20-N, desde falangistas a ecologistas o de extrema izquierda, ahora enfangadas en recurrir a las juntas electorales y al Constitucional.
“Nosotros estamos siguiendo de cerca todo esto, pero sin simpatizar con nadie concreto”, precisa Lorenzo Higueras, del grupo de trabajo política a corto plazo surgido en la Acampada Sol. “Nuestro único objetivo es parar lo de los avales, que viene a ser como un golpe de Estado del bipartidismo”, señala. Hasta ese momento, el grupo de trabajo se centraba en protestar porque ciertas libertades políticas “están prohibidas” para la iniciativa popular. Entre ellas, la puesta en marcha de una reforma constitucional o de un referéndum, la revocación de cargo electo, la presentación de recurso de inconstitucionalidad, el “control popular de las acciones de guerra iniciadas por el Estado”, la participación directa en asambleas municipales, el “voto descalificatorio”... Una reforma electoral, por ejemplo, no se puede promover por iniciativa legislativa popular. (Detalles: www.checkthis.com/4up). El programa de IU es el que más guiños hace a estas ideas de los indignados.
El PP apunta en otra dirección. Durante la precampaña, Mariano Rajoy deslizó la idea de rebajar el número de diputados del Congreso. El portavoz de su partido, Esteban González-Pons, precisó el tajo que debería darse a la cámara: cincuenta diputados menos, dejándola en 300. Argumentó que sobran políticos, ahí y en otras instituciones. Si ese recorte se llevara a cabo manteniendo el mínimo de dos diputados por provincia, el efecto sería un sesgo todavía menos proporcional. Pero tales propuestas, deslizadas durante la precampaña, tampoco aparecen en el programa del PP.
La idea de constreñir el Congreso diverge del informe mencionado del Consejo de Estado, que sugería aumentarlo (el límite constitucional es de 400). Incluso con 350 hay fórmulas que aportarían mayor equidad. Un equipo de la Universidad de Granada, dirigido por el matemático Victoriano Ramírez, ha recalculado, para una cámara de 350, un procedimiento estudiado hace años para un Congreso de hasta 420, “que ahora no sería fácil por la crisis económica”, admite su autor. “Con este método, aplicado a las votaciones de 2008, los pequeños partidos estatales (IU, UPyD) habrían obtenido resultados más proporcionales, sin poner en peligro la gobernabilidad del más votado y sin ceder a los que pretenden echar a los nacionalistas”, explica Ramírez. Que también valora el hecho de que no habría tantos electores empujados al “voto útil”.
En la propuesta de la Universidad granadina, la atribución de los escaños se hace en tres operaciones (véanse gráficos): es menos sencillo que el procedimiento actual, pero más proporcional. “Se parece al sistema alemán”, dice Ramírez.
Precisamente al “modelo alemán” alude someramente el programa del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien también propone votar en “listas electorales desbloqueadas” y con “presencia verdaderamente equilibrada entre hombres y mujeres en las listas electorales”.
Obviamente, los pequeños grupos políticos de ámbito estatal no dan por perdida la batalla de la proporcionalidad, de la que depende su propia existencia, teniendo en cuenta que el respaldo ciudadano a las minorías de ámbito estatal ha ido descendiendo: se repartieron 41 escaños en 1977, por solo tres en 2008. Y aunque por votos totales IU debería haber sido la “tercera fuerza” en la legislatura pasada, parlamentariamente quedó relegada en beneficio de grupos nacionalistas.
Sucede que el sistema electoral “prima a los partidos con fuerte implantación localista sobre aquellos con una implantación más moderada, pero también más homogénea por todo el territorio nacional”, explican José Juan Toharia y José Pablo Ferrándiz, expertos de Metroscopia. La concentración de los nacionalistas en pocos distritos (provincias, a efectos de la elección del Congreso) les permite aprovechar bien sus votos para obtener diputados. Así lo han hecho CiU o el PNV, y probablemente será el caso de la izquierda abertzale el próximo día 20, si mantiene el nivel de voto esperado.
Las inquietudes del Movimiento 15-M, las alusiones del PSOE a una reforma electoral futura y los comentarios del PP confirman que el debate sobre las reglas de juego continúa tan abierto como inconcreto. Con lo cual los vientos no soplan a favor de la reforma electoral pendiente.
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